Assange sienta a Ecuador en el banquillo de acusados

El procurador desmonta las tesis emitidas por los abogados de Assange, que la CIDH, hace suyos en el pedido.

Foto: 4Pelagatos

Esta vez la CIDH quedó mal parada: el 29 de enero solicitó al Estado ecuatoriano medidas cautelares para Julian Assange y pidió que rinda cuentas sobre su estado en la embajada en Londres: ¿cómo se encuentra su salud? ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Existe algún proceso para retirar el asilo y entregarlo a Reino Unido o Estados Unidos? En su carta, la Comisión trató 5 temas y dio al país 5 días para cumplir con su pedido: un plazo que, según la Procuraduría, es excepcional y limita el derecho a la defensa del Estado.

Iñigo Salvador, titular de esa institución, respondió en una carta de 36 páginas. En ella, llamó la atención de la CIDH sobre lo que se antoja una incoherencia de su parte porque Baltasar Garzón, abogado de Assange, envió su comunicación a esa Comisión el 27 de diciembre de 2018. LA CIDH se tomó 32 días para entregar una solicitud que tenía las características de gravedad, urgencia y daño irreparable. “Más de cinco veces del plazo que le concede (al Estado) para recolectar, analizar y sistematizar” la respuesta. La Procuraduría pidió una prórroga y la Comisión dio 10 días más al Estado que, descontando los fines de semana, se reducen a 8 días.

En su respuesta, Iñigo Salvador analiza los requisitos que se deben cumplir para la solicitud de medidas cautelares: gravedad, urgencia y daño irreparable. Y concluye que la situación narrada por Assange no tiene esas características y por ello pide a la CIDH que archive su pedido.

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