Assange es acusado de "injerencia" en la política ecuatoriana y española

El principal imputado en España por espiar a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres defendió que su empresa analizó por orden del Gobierno ecuatoriano el "riesgo" de visitas "peligrosas" que recibía el activista, algunas de ellas relacionadas con el movimiento independentista catalán.

Assange es acusado de "injerencia" en la política ecuatoriana y española / Foto: Shutterstock

El principal imputado en España por espiar a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres defendió que su empresa analizó por orden del Gobierno ecuatoriano el "riesgo" de visitas "peligrosas" que recibía el activista, algunas de ellas relacionadas con el movimiento independentista catalán.

David Morales, dueño de la empresa UC Global, que se encargó de la seguridad de la embajada ecuatoriana entre 2015 y 2018, presentó un escrito en la Audiencia Nacional española, al que tuvo acceso EFE este miércoles, en el que niega el espionaje y acusa a Assange de "injerencia" en la política española y del país sudamericano.

Un juez español lo investiga ante los indicios de que habría grabado reuniones personales del fundador de WikiLeaks con sus abogados o con representantes diplomáticos mientras estaba refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres para después transferir presuntamente la información e incluso de que ordenó que se tomaran las huellas dactilares del activista.

Un presunto espionaje que se investiga si alcanzó al expresidente de Ecuador Rafael Correa. En su escrito, Morales alega que, por orden de los servicios de inteligencia y del Gobierno de Ecuador, "se informó y analizó el riesgo y repercusiones" de algunas visitas "polémicas" de Assange que suponían un "riesgo" para la Embajada y para la "política exterior" ecuatoriana.

El fundador de WikiLeaks estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana cerca de siete años, hasta que fue detenido por fuerzas del Reino Unido en abril de 2019, después de que Ecuador le retirara la protección diplomática.

Entre las visitas durante su estancia en la legación diplomática, el imputado menciona la de dos personas que estarían vinculadas a un supuesto desvío de fondos públicos para financiar los gastos del expresidente independentista del Gobierno de Cataluña Carles Puigdemont en Bruselas.

También cita la visita del programador informático británico Amir Taaki o del líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, y otras supuestamente de personas "relacionadas con inteligencia y órganos de desinformación de Rusia".

Pero Morales afirma que "no existe evidencia" de que se hayan grabado las reuniones del activista para transferir la información a Estados Unidos y alega que una grabación captada supuestamente por un micrófono escondido en la base de un extintor respondía a "unas pruebas de audio de carácter técnico" que no captaron ninguna conversación.

Su defensa sostiene además que una grabación aportada por Assange estaría "manipulada" e "incluye una conversación superpuesta".

Assange ratificó el pasado diciembre ante el juez español que fue grabado y escuchado sin su autorización en una operación "eventualmente coordinada por Estados Unidos".

Morales, que fue detenido en 2019 por estos hechos, califica las acusaciones en su contra de "montaje" orquestado por Assange y varios trabajadores que tenían un conflicto laboral con él, e insiste en que la acusación persigue "entorpecer" el proceso de extradición a Estados Unidos por la filtración de documentos confidenciales al que se encuentra sometido el activista, ahora en prisión en Reino Unido y cuyo desenlace se conocerá en enero.

Assange, detenido en Londres en 2010 a petición de Suecia por presuntos delitos sexuales que luego fueron archivados, se refugió en la embajada ecuatoriana en junio de 2012 para evitar ser extraditado a Estados Unidos pero, tras ser expulsado de la legación y detenido por la Policía británica, ahora se enfrenta a esa posible extradición, ya que las autoridades de Washington lo reclaman por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, lo que conllevaría hasta 175 años de cárcel.

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