Asambleístas correístas buscan dejar de pagar laudos y espantar la inversión extranjera

La propuesta legal puede generar más inseguridad jurídica en el país

El proyecto fue presentado por Ricardo Ulcuango (foto) y Esther Cuesta / Foto: cortesía

Quito- Un proyecto de ley preocupante. Asambleístas correístas plantearon el proyecto de Ley para el Cumplimiento de la Voluntad Popular Expresada en la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024 en lo Relativo a la Prohibición del Arbitraje Internacional. 

La propuesta legal, a decir de expertos, no solo busca dar cumplimiento a la consulta popular, sino también incrementar las prohibiciones sobre los laudos. El proyecto fue presentado por Ricardo Ulcuango y Esther Cuesta.  

“No se podrá destinar, en el Presupuesto General del Estado, recursos para el pago de laudos emitidos contra el Estado ecuatoriano en procedimientos de arbitraje internacional, mientras estos no hayan sido reconocidos por juez competente, de conformidad con el procedimiento de reconocimiento de laudos previsto en el Código Orgánico General de Procesos”, dice el documento.  

Expertos en materia de inversiones señalan que ese artículo pone más incertidumbre e inseguridad jurídica. Para el abogado experto en laudos arbitrales, Juan Carlos Mejía, el hecho de que se ponga como posibilidad que un abogado decida sobre el pago del laudo, pese a que esto se haya ya determinado en un juzgado internacional, causa inseguridad y aleja los capitales. 

Alberto Acosta Burneo, analista económico, aseguró que la propuesta legal se extralimita de lo dispuesto en la consulta popular porque se decidió que no se quieren los laudos, pero no se planteó aumentar las restricciones de estos mecanismos.  

Uno de los puntos preocupantes es que también se limitan los laudos para las alianzas público-privadas (APP), mecanismo que ha buscado atraer capitales para que se ejecute obra pública. Acosta Burneo sostiene que la situación complica aún más el panorama porque las APP buscaban ser un mecanismo para tratar de suplir la falta de recursos públicos a la hora de construir infraestructura.