Asamblea destituye al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador censuró y ordenó la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz, por considerar que incurrió en incumplimiento de funciones otorgadas por la Constitución y la Ley.

Asamblea destituye al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) / Cortesía del CPCCS

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador censuró y ordenó la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz, por considerar que incurrió en incumplimiento de funciones otorgadas por la Constitución y la Ley.

Según un comunicado de la Asamblea, 124 de los 129 legisladores presentes en la sesión votaron por la destitución de Cruz, mientras que se registraron cinco abstenciones.

Cruz hizo uso de su legítimo derecho a la defensa y, durante tres horas aproximadamente, incluida la réplica, defendió su gestión como titular del CPCCS en la sesión del martes, que terminó después de las 22:00 hora local (03:00 GMT de este miércoles).

En su intervención, Cruz dijo que las causales invocadas para su enjuiciamiento (obtención del carné de discapacidad, uso de documentos presuntamente falsos y obtención de licencia de conducir tipo "E") son extemporáneas ya que se trata de hechos que sucedieron antes de ser elegido miembro del CPCCS.

Cruz, campeón en prácticas de artes marciales, defendió la validez legal de su carné de discapacidad, así como de su licencia, al reiterar que el haber obtenido dichas credenciales no constituye causal de juicio político.

Asimismo, en torno a la presunta arrogación de funciones, al haber emitido dos reglamentos de carácter administrativo, justificó su actuación con normas de la Contraloría General del Estado que, según él, le facultan para hacerlo, relató la Asamblea en un comunicado.

De su lado, el legislador Henry Kronfle, en su calidad de interpelante, aseguró que jamás se ha puesto en entredicho la legalidad del carné de discapacidad, ni la validez de su licencia, sino si realmente existe el 81 % de discapacidad visual y auditiva.

Opinó que si existe tal porcentaje de discapacidad, no debería tener una licencia tipo "E" y, si tiene capacidad para conducir vehículos autorizados con esa licencia, se deduce que no tiene la referida discapacidad.

Kronfle enfatizó que la probidad notoria no es una condición temporal, es un atributo permanente que debe mantener un funcionario público, más aún quien está al frente de una institución tan importante para la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.

Además, desestimó las amenazas del interpelado, de acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales para defenderse tras el juicio político en la Asamblea.

Para la asambleísta Noralma Zambrano, se configuró la causal de incumplimiento de funciones con la arrogación de una facultad que está reservada para el Pleno del CPCCS, como es el caso de la emisión de reglamentos para el desarrollo de las actividades de este organismo.

El 10 de octubre de 2019, Cruz dictó dos reglamentos: uno relacionado con el parque automotor y otro que versa sobre el cálculo y pago de viáticos, los mismos que estuvieron vigentes por 55 días, hasta que él mismo los dejó sin efecto, recuerda el escrito.

Conforme la moción aprobada, el expediente del juicio político será remitido a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicie la respectiva investigación penal sobre las actuaciones de Cruz.

Además, a la Contraloría y otras instancias públicas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, analicen las acciones desarrolladas por el citado funcionario.

El 20 de agosto de 2019, el CPCCS eligió a sus nuevos representantes después de que el Parlamento destituyera a cuatro de ellos por irregularidades.

En una votación interna, el principal órgano de control social en el país andino, eligió como su presidente a Cruz, en sustitución del sacerdote José Carlos Tuárez, que fue censurado y cesado del cargo tras haber vulnerado la legislación tanto en el proceso de postulación al mismo como en la atribución de funciones.

El pasado 17 de agosto, un tribunal provincial de Ecuador condenó a cinco años de prisión a Tuárez por el delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos.