Al Instituto de Patrimonio no le preocupa el robo de piezas arqueológicas

Se robaron, según las propias cuentas del INPC y suponiendo que el registro de la Espol fuera exacto (aunque no se hizo pieza por pieza) 1.549 objetos arqueológico.

Foto: 4Pelagatos

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, ha publicado una carta pública dirigida 4Pelagatos porque considera que la nota “La colección arqueológica que el correato esfumó”, publicada en este medio, tiene “muchas impresiones (sic) que merecen ser aclaradas para evitar desinformación de la ciudadana en general”.  En la carta, que ya circuló a través de las cuentas en redes sociales del INPC, la única imprecisión (seguramente a eso se refiere la carta) es el número de piezas robadas de la colección privada del señor Luis Plaza Febres Cordero. El INPC sostiene que “habría sido de aproximadamente 1 500 piezas” y no “más de 3 mil piezas que 4Pelagatos señala”. En realidad, la cifra de 3 200 no es cosecha de 4P sino del coleccionista: él suministró ese dato y asegura que el número fue proporcionado por el propio INPC. Nadie había mencionado la cifra de 1 500 que ahora reconoce el Instituto de Patrimonio.

Fuera de ese dato, la carta no señala ninguna otra imprecisión: abunda, eso sí, en los argumentos legales ya mencionados en la nota de 4P, según los cuales las piezas pertenecen al Estado y que Plaza no tiene el derecho al reclamo porque algún juez dijo que él “no ha sido capaz de demostrar legalmente cómo obtuvo las piezas arqueológicas que conforman la colección”. Los funcionarios del INPC deberían avergonzarse de mencionar este argumento pues es de conocimiento público -y ha sido probado hasta la saciedad- que durante los últimos diez años las cortes fueron obsecuentes hasta la humillación con el gobierno de Rafael Correa, verdadero custodio de las piezas cuando desaparecieron. Era obvio que todos los pronunciamientos iban a evitar que se establezcan responsabilidades por el robo de los funcionarios encargados de cuidar esas piezas. Es más, en el INPC olvidan que por disposición del ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, los jueces estaban prohibidos de sentenciar en contra del Estado.

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