2015 se configura como el peor año para la libertad de expresión

Durante los primeros nueve meses de este año, Fundamedios contabilizó 279 agresiones contra la libertad de expresión, de un total de 1310 desde nuestros registros en 2008.

Durante los primeros nueve meses de este año, Fundamedios contabilizó 279 agresiones contra la libertad de expresión, de un total de 1310 desde nuestros registros en 2008. Con ello, 2015 se convierte en el año más violento para el ejercicio del periodismo y la protesta social, pues, solo en estos meses se han superado con creces las agresiones registradas en 2014, que cerró con 254 casos.

El contexto actual para el ejercicio de la libertad de expresión es complejo, pues, además del clima hostil que se vive desde hace varios años -en donde se agrede e insulta a periodistas, producto de una estigmatización al trabajo de los comunicadores desde las más altas esferas del poder- hay que sumar el hecho de que cada vez se limita más el contenido noticioso y de opinión en los medios independientes y hasta en internet, en donde los blogs y las redes sociales se han convertido en el nuevo blanco favorito para la censura.

Es así que las sanciones a medios de comunicación, producto de la aplicación de una Ley de Comunicación es la principal agresión en este 2015. Los "Procesos por aplicación de normativas contrarias a la libertad de expresión" suman un total de 71 casos, de los cuales 64 son sanciones y 7 son denuncias, convirtiendo a los medios independientes en las principales víctimas.

Sin embargo, algo que también preocupa es la imposición de contenido oficial en los medios, a través de réplicas obligatorias que llegan en forma de cadenas, o como notas tituladas y diagramadas de funcionarios o entidades estatales que prácticamente copan los espacios noticiosos y de opinión, tomándose incluso las portadas de los principales medios impresos del país.

Esto se evidencia en cifras, pues la segunda mayor agresión de este 2015 se dio por el "Uso abusivo del poder estatal" con 57 casos. De ellos, 47 corresponden a "abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado", en donde también se incluyen los pedidos de réplicas de funcionarios estatales; 5 casos corresponden a la "Concesión y/o cancelación arbitraria de frecuencias de radio y TV o espectro digital"; 4 al "Uso abusivo de medios oficiales cuando genere consecuencias para el ejercicio de la libertad de expresión", en donde se incluyen las campañas orquestadas desde medios estatales para descalificar a ciudadanos, periodistas y demás personajes considerados de oposición. El resto de las 57 agresiones de esta categoría incluyen cancelaciones arbitrarias de programas, abusos de organismos de control, entre otros.

La tercera principal agresión corresponde a "Ataques verbales" con 40 casos, de los cuales, 26 corresponden a "Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas"; 8 a amenazas y 6 a insultos de particulares, lo que da cuenta del clima hostil que viven los periodistas que cada sábado son tildados de "corruptos" por parte del Presidente, quien dedica un segmento de su Enlace Ciudadano para cuestionar a la prensa.

Otra agresión que ha incrementado de manera preocupante es la relacionada a la vulneración de los "derechos digitales" con 34 casos que incluyen el "Hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales"; Ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales; Censura en internet como el cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales y abuso de normas de derechos de autor con el fin de silenciar, entre otras.

"La agresiones físicas" también fueron 34, muchas de ellas producto de la represión en las recientes jornadas de protestas que marcaron los últimos meses.
Finalmente, y en menor número, se registraron 24 casos dentro de "Procesos penales", muchos de ellos por detenciones a ciudadanos en medio de las protestas; 7 casos de "Censura", 6 dentro del "Marco jurídico contrario a estándares internacionales" y uno por "Uso abusivo del poder no estatal".
 

En cuanto a las víctimas, los medios de comunicación y los periodistas y trabajadores de los medios siguen siendo los principales agredidos con 157 y 57 ataques respectivamente, mientras que preocupa el incremento de ataques contra personajes públicos, con 18 casos; contra ciudadanos con 16; contra cyberactivistas con 13 y contra ONGs con 12.

El principal agresor en todos estos casos sigue siendo el Estado. Responsable del 50% del total de los ataques (141 casos), seguido por los Funcionarios públicos, responsables del 28% de ellos (78 casos). En menor número se han dado agresiones perpetradas por parte de desconocidos y de Grupos violentistas en el 14% y 10% respectivamente.

Más allá de estas cifras expuestas, hay hechos graves que evidencian el deterioro de las libertades en el Ecuador.

Casos como el despido del periodista Martin Pallares de diario El Comercio -por haber tenido comentarios críticos al gobierno en su cuenta personal de Twitter- muestran el temor y la auto censura que existe dentro de las redacciones, pero además, el hecho de que medios como diario La Hora y Expreso hayan tenido que ceder portadas y páginas enteras para publicar réplicas, pero a la par, se hayan en resistencia para denunciar los abusos de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) cuya más reciente sanción se dio por no replicar un anuncio pagado a pedido de esa misma entidad, poniendo en duda la verdadera utilidad de la Ley de Comunicación y de manifiesto la cuestionada independencia de esa entidad reguladora, al estar actuando como juez y parte, pese a que su titular Carlos Ochoa haya negado estas acusaciones.

Lo que ocurrirá en la segunda mitad del año es predecible, pues tal y como van las cosas, lamentablemente se prevé que las agresiones se dupliquen, que las cadenas e insultos descalificatorios continúen y que el Estado, el principal responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales se haga el de oídos sordos y siga siendo el principal agresor, como lo ha venido siendo en los últimos ocho años.
 

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