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Noboa veta parcialmente la reforma a la Ley de Uso de Suelo

06/05/2026 El Oriente - Redacción

El Legislativo tiene ahora la tarea de decidir si ratifica su versión original o se allana a los cambios propuestos por Carondelet

Con el veto sobre la mesa, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para resolver el trámite / Foto: cortesía Presidencia Con el veto sobre la mesa, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para resolver el trámite / Foto: cortesía Presidencia

Con el veto sobre la mesa, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para resolver el trámite / Foto: cortesía Presidencia

Quito- El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional una objeción parcial al proyecto de reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. El documento, remitido el 27 de abril de 2026, pone reparos a 18 artículos y una disposición transitoria, frenando así la normativa que había sido aprobada previamente con 80 votos a favor.

El proyecto de ley buscaba agilizar la planificación territorial y el control urbanístico a través de planes parciales y nuevos sistemas de información. Sin embargo, el Ejecutivo detectó inconsistencias en los plazos y mecanismos propuestos por los legisladores.

Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo se centra en la imposición de un plazo de 30 días para que los municipios resuelvan solicitudes urbanísticas. Para el Gobierno, este tiempo resulta insuficiente y podría comprometer el análisis técnico de los gobiernos locales.

En cuanto a la vivienda de interés social, el veto introduce requisitos más estrictos para la conversión de suelo rural a urbano. Noboa plantea que cualquier cambio de este tipo, especialmente si implica exoneración de pagos, deba contar obligatoriamente con un informe técnico vinculante de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT).

El veto también apunta a fortalecer la capacidad de supervisión de la SOT. La propuesta del Ejecutivo busca que este organismo tenga una mayor injerencia en la validación de los profesionales y entidades que participan en la planificación, reforzando la verificación técnica de las decisiones que tomen los municipios.

Con el veto sobre la mesa, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para resolver el trámite. El Pleno deberá decidir si acepta las correcciones del presidente (allanamiento) o si se mantiene en su texto inicial (ratificación), lo cual requeriría una mayoría calificada de 92 votos.

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