InsigthCrime: extorsión en Ecuador baja en cifras oficiales, pero se expande en la realidad

El análisis advierte una brecha entre los datos del Gobierno y lo que enfrentan ciudadanos y negocios, en un contexto de fragmentación criminal

Las cifras de la Fiscalía General del Estado muestran un aumento de 1.616 casos en 2019 a más de 23.000 en 2024 / Foto: cortesía Policía Nacional

La extorsión en Ecuador muestra señales contradictorias. Mientras las autoridades reportan una reducción en los casos denunciados, investigaciones y testimonios recogidos por InSight Crime evidencian una expansión del fenómeno, impulsada por la fragmentación de grupos criminales y la adaptación de sus economías ilícitas.

Un caso reciente en Guayaquil refleja esta dinámica. Conductores de transporte escolar recibieron panfletos atribuidos a supuestos grupos criminales que exigían pagos de hasta 6.000 dólares para operar. Aunque la autoría real genera dudas, el mensaje logró su objetivo: sembrar temor y presión económica.

Según el reportaje de InSight Crime, la extorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en el país. Las cifras de la Fiscalía General del Estado muestran un aumento de 1.616 casos en 2019 a más de 23.000 en 2024, un crecimiento superior al 1.300 % en cinco años.

Este incremento coincide con la expansión de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras economías ilegales. Sin embargo, ante la presión estatal, estos grupos han diversificado sus actividades, encontrando en la extorsión una fuente de ingresos constante y de menor riesgo operativo.

Aunque en 2025 los registros oficiales reportaron una caída de aproximadamente el 30 % en los casos denunciados, analistas y expertos advierten que esta disminución no necesariamente refleja una reducción real del delito. De acuerdo con InSight Crime, el subregistro es alto debido al miedo a represalias, la desconfianza en las autoridades y las bajas tasas de resolución de los casos.

El informe también señala que las acciones del Gobierno, aunque han logrado capturas relevantes y operativos constantes, han generado efectos secundarios. La desarticulación parcial de bandas ha derivado en su fragmentación, lo que multiplica los actores involucrados y complica el control territorial.

Esta dispersión ha intensificado la presión sobre víctimas, que en algunos casos deben pagar a múltiples grupos para continuar operando. Además, la extorsión continúa operando desde centros penitenciarios, donde redes criminales mantienen capacidad de coordinación pese a la intervención estatal.

El análisis concluye que la aparente reducción en las cifras oficiales no refleja la complejidad del fenómeno. La extorsión en Ecuador no solo persiste, sino que evoluciona, adaptándose a las condiciones del entorno y ampliando su alcance en distintos sectores de la economía y la sociedad.

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