Gobierno intensifica controles a plantas mineras y reconoce fallas estatales en expansión del oro ilegal

La ministra Inés Manzano señaló que actualmente se ejecuta una auditoría nacional a las 208 plantas de beneficio que operan en el país

Manzano señaló que actualmente se ejecuta una auditoría nacional a las 208 plantas de beneficio que operan en el país / Foto: cortesía

Quito- En una entrevista concedida al portal Código Vidrio, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, aseguró que varias plantas de beneficio en Ecuador operaron durante años como centros para procesar oro proveniente de actividades ilegales, debido a la falta de control estatal y a redes de corrupción dentro del propio sistema de regulación minera.

La ministra explicó que la reciente suspensión de actividades mineras en la provincia de Napo y el cierre de diez plantas en Portovelo, forman parte de una estrategia para frenar el financiamiento de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilícita. Según indicó, estudios técnicos confirmaron altos niveles de contaminación en los ríos Calera y Amarillo, donde se detectaron metales pesados y sustancias tóxicas que superan los límites permitidos.

Manzano señaló que actualmente se ejecuta una auditoría nacional a las 208 plantas de beneficio que operan en el país, con el objetivo de impedir el procesamiento de minerales de origen ilegal y el vertido de desechos contaminantes. Además, reconoció que hubo filtraciones de información antes de algunos operativos, lo que permitió que ciertas instalaciones regularizaran documentación para evitar sanciones.

Controles más estrictos para controlar la minería ilegal

Inés Manzano también reveló que la minería ilegal se expandió en los últimos dos años, pasando de afectar nueve a doce áreas protegidas. Frente a este escenario, el Gobierno impulsa controles más estrictos, operativos militares y la aplicación del principio de responsabilidad objetiva, que permite sancionar a empresas incluso si poseen permisos formales, cuando se comprueba daño ambiental.

Asimismo, el Ejecutivo analiza crear una refinería estatal de oro para garantizar trazabilidad del mineral y fortalecer la minería legal. Manzano sostuvo que el eje principal de la política minera será la protección del agua y la recuperación ambiental en zonas afectadas.

La funcionaria añadió que el Gobierno busca combinar control, remediación ambiental y apoyo a comunidades afectadas, mientras avanza en reformas para formalizar a pequeños mineros y reducir el impacto social y ambiental de la actividad ilegal.

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