Entre chantajes y fraudes: ¿por qué se levantó un embargo a favor de Chevron en 2016?

Coordinador de la UDAPT reveló que se desbloqueó el pago de $ 112 millones para mantener vivo el caso de Lago Agrio en la Corte Constitucional.

Coordinador de la UDAPT reveló que se desbloqueó el pago de $ 112 millones para mantener vivo el caso de Lago Agrio en la Corte Constitucional. / Foto: El Oriente

Quito- Hace 10 años, Pablo Fajardo, abogado que lidera la organización anti-Chevron, UDAPT, levantó un embargo judicial para permitir al gobierno de Rafael Correa pagar una deuda arbitral de $ 112 millones a la petrolera estadounidense. La acción provocó una ruptura en las filas de los demandantes que persiste hasta hoy.

En los últimos días, el coordinador de esa organización, Donald Moncayo, reveló qué hubo detrás de esa decisión.

Según Moncayo, abogados extranjeros de la UDAPT recomendaron a Fajardo ceder a la presión del gobierno correísta para levantar el embargo en la Corte Provincial de Sucumbíos a cambio de mantener vivo su caso contra Chevron, hoy conocido como “el fraude legal del siglo”, ante la Corte Constitucional.

“O sea, era salvar el caso porque si nos quedábamos aún todavía ahí, en el 2016 estaba en la Corte Constitucional, perdíamos el juicio ahí”, confesó Moncayo, en una entrevista brindada el 14 de enero al canal TVNet de Lago Agrio, Sucumbíos.

“Y eso nos recomendaron justamente abogados desde afuera que trabajaban con nosotros y que aún todavía siguen trabajando. Dijeron: miren, evitemos el chantaje, liberen el caso porque a la final si ustedes pierden esos $ 113 millones (sic), no se va a quedar con ustedes. Tendrán que devolverlo y se quedan sin plata y sin caso. Y así fue”.

Concluyó: “Para evitarlo, liberamos. En el 2018, ya obtuvimos la sentencia por parte de la Corte Constitucional”.

El 22 de julio de 2016, el Ecuador pagó $ 112 millones a Chevron. Así cumplió con el laudo de un arbitraje internacional que perdió el Estado ante la empresa Texaco Petroleum Company (TexPet), relacionado a reclamos comerciales de los años 90. Chevron adquirió a TexPet en 2001.

El arbitraje fue entablado en 2006 ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Chevron ganó el caso en 2011 y el tribunal arbitral ordenó al Estado pagar      $ 96 millones, cifra que sumó intereses hasta 2016. El gobierno de Correa, que promovió el fraude de Lago Agrio contra Chevron y creó la campaña de la ‘Mano Sucia’, se vio obligado a pagar a la compañía.

Diez años después, Moncayo reveló la razón de por qué levantaron el embargo, evidenciando una vez más la estrecha relación de los abogados contra Chevron y el gobierno de Correa.

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