Ecuador reabrió el catastro minero, pero mantiene tasa que preocupa al sector

Apenas el 6 % del territorio nacional (1,6 millones de hectáreas) se encuentra concesionado

Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, firmó la reapertura del Catastro Minero / Foto: cortesía Ministerio de Energía y Minas

Quito- El Gobierno anunció la reapertura progresiva del catastro minero, cerrado desde enero de 2018, como parte de una estrategia para atraer nuevas inversiones al sector y promover una minería responsable y formalizada. La medida fue oficializada mediante el Acuerdo Ministerial 2025-0018, suscrito por la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien explicó que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) deberá emitir, en un plazo de 15 días, el acto administrativo que habilite el proceso. 

La reapertura será gradual. En una primera fase, durante los próximos tres meses, se permitirá el ingreso de nuevas solicitudes exclusivamente para el régimen de pequeña minería no metálica, con aplicaciones en la industria cerámica, el cemento y la construcción. Posteriormente, en el último trimestre de 2025, se habilitará la pequeña minería metálica y, finalmente, en 2026, se abrirá el catastro para la mediana y gran minería. 

El viceministro de Minas, Javier Subía, destacó que los tres meses siguientes se dedicarán exclusivamente a la pequeña minería no metálica. Se está trabajando en la normativa y el instructivo para las peticiones, que deberán incluir un plan de trabajo firmado por un ingeniero acreditado. El director ejecutivo de la Arcom, Patricio Bonilla, aseguró que la agencia cumplirá con las disposiciones del acuerdo ministerial.

Actualmente, apenas el 6 % del territorio nacional (1,6 millones de hectáreas) se encuentra concesionado. El Gobierno estima que con la reapertura esta cifra podría duplicarse, acercándose a niveles de exploración como los de Chile, donde se explora hasta el 75 % del subsuelo. 

No obstante, el entusiasmo por la reapertura contrasta con las inquietudes del sector privado frente a la nueva tasa de fiscalización minera, vigente desde el 1 de junio. La normativa impone pagos anuales que van del 3 % al 100 % del salario básico por hectárea concesionada, según el régimen minero.

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