Corte Constitucional establece límites al uso de garantías jurisdiccionales en el caso Petroecuador

El Pleno ratificó que estas herramientas no pueden ser instrumentalizadas para obtener beneficios económicos desproporcionados

La resolución fue aprobada el 26 de enero y difundida oficialmente este lunes 2 de febrero / Foto: cortesía Petroecuador

Quito- En una decisión que busca sentar un precedente sobre la seguridad jurídica en el país, la Corte Constitucional del Ecuador emitió un fallo clave respecto al uso de las garantías jurisdiccionales. Con ocho votos a favor, el Pleno ratificó que estas herramientas, diseñadas para proteger derechos fundamentales, no pueden ser instrumentalizadas para obtener beneficios económicos desproporcionados ni para resolver disputas que competen a la justicia ordinaria.

El caso central analizado involucra a 365 excolaboradores de Petroecuador, quienes a través de una acción de protección pretendían el pago de 120 millones de dólares por supuestos riesgos laborales. Sin embargo, el máximo organismo concluyó que los jueces de instancia en Esmeraldas desnaturalizaron la garantía al aceptar una demanda colectiva sin verificar el estado de salud de cada solicitante ni el nexo causal con su trabajo, ignorando además los trámites de reparación que corresponden al IESS.

Recuperación de fondos y cronología del conflicto

La resolución, aprobada el 26 de enero y difundida oficialmente este lunes 2 de febrero, ordena a la estatal petrolera iniciar acciones legales inmediatas para recuperar 25 millones de dólares que ya fueron desembolsados a la asociación de jubilados y sus abogados.

La Corte comparó la gravedad de este escenario con otros casos de impacto nacional, como el del exasambleísta Pablo Muentes y el Banco del Pacífico, donde también se intentó utilizar el hábeas data para extinguir obligaciones financieras y exigir reparaciones millonarias sin sustento real. En ambos contextos, la Corte fue categórica: las garantías no son una vía para resolver disputas contractuales o patrimoniales.

Implicaciones legales para jueces y abogados

El fallo activa una serie de consecuencias severas para quienes participaron en la cadena judicial del proceso:

Para los jueces de Esmeraldas: Se determinó que incurrieron en "error inexcusable" al actuar contra ley expresa, lo que debe ser tramitado por el Consejo de la Judicatura para su respectiva destitución.

Para los defensores técnicos: Los abogados de la asociación fueron declarados en "abuso del derecho" por priorizar fines económicos sobre la tutela efectiva de derechos.

Ámbito penal: La Fiscalía General del Estado ha recibido el expediente para investigar un posible delito de prevaricato y rastrear la trazabilidad de los fondos entregados, asegurando que los recursos del Estado no sean capturados indebidamente.

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