miércoles, 05 de agosto de 2026
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Asamblea fiscalizará la administración del Bloque 45 tras la caducidad de su contrato

La Comisión de Desarrollo Económico investigará las decisiones adoptadas durante el proceso de reversión del campo petrolero al Estado

El Bloque 45, ubicado en la provincia de Orellana, fue operado por el Consorcio Pegaso / Foto: cortesía Petroecuador

Quito- La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización sobre las actuaciones administrativas relacionadas con la declaratoria de caducidad del contrato del Bloque 45, Campo Puma, así como sobre el retiro del anterior operador, la transición operativa y las decisiones adoptadas para la administración del activo petrolero.

La resolución fue aprobada con seis votos y faculta a la mesa legislativa a solicitar información técnica, jurídica y administrativa, además de convocar a comparecer a autoridades, exfuncionarios y otros actores que puedan aportar elementos para esclarecer el proceso. El objetivo es evaluar si las decisiones adoptadas protegieron los intereses del Estado y garantizaron la continuidad de la gestión del bloque.

El Bloque 45, ubicado en la provincia de Orellana, fue operado por el Consorcio Pegaso, conformado inicialmente por empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de hidrocarburos. El contrato fue declarado caduco por el entonces Ministerio de Energía y Minas en noviembre de 2023, luego de determinar que el operador había suspendido las actividades de exploración y producción desde junio de 2020 e incumplido varias obligaciones contractuales previstas en la Ley de Hidrocarburos.

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Como consecuencia de la caducidad, el área revirtió al Estado junto con la infraestructura y los bienes asociados a la operación. El Gobierno anunció entonces que el bloque sería incorporado a futuras rondas de licitación para atraer inversión privada y recuperar su potencial productivo.

De acuerdo con información del sector, el Campo Puma registró una producción decreciente antes de la reversión. En 2017 alcanzó alrededor de 277 barriles diarios, mientras que desde 2020 dejó de reportar producción debido a la paralización de las operaciones.

Actualmente, el bloque permanece bajo administración del Estado, conforme a la normativa que establece que los campos revertidos pasan temporalmente a EP Petroecuador hasta que se defina un nuevo esquema de operación o delegación.

El asambleísta Carlos Dávila, proponente de la fiscalización, sostuvo que el proceso permitirá revisar las causas del deterioro operativo del campo, así como las acciones de mantenimiento, mitigación ambiental y administración ejecutadas tras la reversión, con el fin de determinar responsabilidades y evaluar alternativas para reactivar este activo petrolero.